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Aclaro antes de nada que esto no va de siglas políticas, sino de dotación y gestión del sistema sanitario público, y si centro mi análisis en una zona geográfica es solo porque es en la que vivo. Cada cual extrapole lo extrapolable a la suya y a la gestión de su servicio público de salud.
1.- La situación de nuestra sanidad a la llegada del COVID-19.
No tengo intención de extenderme hablando de la situación de infradotación en la que el sistema sanitario público está desde hace al menos una década, porque ya escribí sobre ello anteriormente. Baste decir que el sistema se mantiene a base del continuo e ininterrumpido sobreesfuerzo de los profesionales y que está tan al límite que una mera epidemia estacional de gripe un poco más fuerte que otras, como la de principios de 2017, lo colapsa hasta el punto de obligar a abrir la planta reservada para grandes catástrofes en el hospital de Galdakao.
En esta situación, de infradotación incluso para la atención ordinaria sanitaria, nos llegó el COVID y el colapso fue cantado. No se pudo dar abasto y mero ejemplo en nuestro ámbito geográfico más cercano fueron el cierre total del servicio de pediatría de Basurto o la habilitación del gimnasio del hospital de Cruces de forma improvisada. A nivel sociosanitario la improvisación fue la tónica, trasladando de prisa y corriendo a grandes dependientes a centros no dotados para estos pacientes, y asumiendo en todos los casos como meros daños colaterales los producidos a los trabajadores por una total falta de prevención de riesgos laborales.
En aquel entonces nuestros gestores tuvieron una gran excusa para que miráramos para otro lado. Aunque habían tenido durante lustros los servicios de salud bajo mínimos, el COVID llegó sin avisar y, objetivamente, de forma brutal. Toda la ciudadanía encajó sumisamente recortes o incluso totales anulaciones de sus derechos fundamentales y algunos sectores (como la hostelería y los relacionados con turismo y viajes) un primer golpe brutal que muchos, desgraciadamente, ya no superaron. Desde entonces llevamos casi un año arrimando todos el hombro, obediente y calladamente, y además evitando fiscalizar la gestión sanitaria para que nadie diga que se intenta sacar rédito político de la desgracia.
2.- Lo que un buen gestor hubiera hecho antes de la anunciada segunda ola.
Pero tras el infierno de la primera ola, nuestros gestores tenían deberes que hacer. Así como aquella nos cogió infradotados y desprevenidos, esta segunda ola se anunció reiteradamente, con precisión de reloj suizo y con muchísima antelación. Se sabía lo que iba a venir antes de acabar el año y se sabía que se iba a disponer de 8 largos meses para prepararse a todos los niveles asistenciales (asistencia primaria, hospitalaria y sociosanitaria).
Por citar solo algunos aspectos, a nivel de ciudadanía, de empresas privadas y de trabajadores autónomos, más allá de la continua y necesaria apelación a la responsabilidad personal o empresarial, había tiempo sobrado para, por ejemplo, ir fijando entre todos los gobiernos (autonómicos y estatal) precios máximos de material de primera necesidad en la lucha contra el COVID, como se ha hecho, por ejemplo, en la cercana Portugal con las mascarillas quirúrgicas (se han de cambiar cada 4 horas), fijando ya en marzo un precio máximo de poco más de 8 céntimos (1,74 € el pack de 20 mascarillas). Lo mismo podía hacerse con hidro-alcohol, desinfectantes en pulverizador y el largo etcétera de material indispensable. Piénsese que a la hostelería, por ejemplo, desde el minuto uno se le ha venido condenando a rebajar brutalmente los ingresos con continuas reducciones de aforo o cierres completos, al mismo tiempo que se le obliga a multiplicar sus gastos con unas obligaciones ingentes de prevención y sanidad que exigen compras inacabables de material de limpieza, separación de espacios, paneles de metacrilato, construcción y habilitaciones de terrazas con sus tasas municipales, mayor contratación de personal o esfuerzo de horas trabajo para desinfección sin pausa, etc…..
A nivel de asistencia primaria y de personal había tiempo para planificar la contratación de más rastreadores y, sobre todo, de más profesionales que descargaran a la ya sobrepasada y heroica plantilla. Para empezar, contratando a los médicos jubilados que de forma ejemplar se ofrecieron formalmente a los servicios de salud. Se han hecho contrataciones en tiempo record (como en la citada epidemia de gripe de 2017), y esta vez estaba más fácil que nunca pues el gobierno del Estado se encargó de proporcionar herramientas para ello con los reales decretos que no solo habilitan la contratación de personal médico y de enfermería en condiciones excepcionales, sino que permiten incluso movilizar médicos entre especialidades, entre centros hospitalarios y de asistencia primaria e incluso de plazas no asistenciales de una administración a asistenciales de otra. Jamás fue menos complicado lograr personal sanitario.
En los hospitales, en los que hemos llegado a ver incluso el montaje de 18 camas en pocas horas mediante sistema modular (Baiona), por fin había tiempo de sobra para organizar y panificar todo de abajo a arriba, con medios materiales y humanos. Empezando por el refuerzo de las urgencias y terminando por las UCIs. Pasando por mayor dotación de camas, planificación y contratación de filtros y sistemas de desinfección ambiental en zonas cerradas, y todo sin la improvisación del pasado marzo. Además, se ha evidenciado la necesidad acuciante de ampliar la dotación sanitaria para catástrofes, ahora que con la misma seguridad que nos anunciaron la segunda ola nos aseguran también (aunque sin fecha fija en este caso) que por desgracia esta no será ya la última pandemia en este mundo globalizado y totalmente interconectado.
Y no solo era el momento obligado para tomar medidas, sino que la desgracia de marzo nos dijo con exactitud cuáles y cuántas serían las necesidades sanitarias a todos los niveles en la siguiente ola o pandemia, dándonos en esta primera unas referencias concretas en forma de máximo de necesidades asistenciales (1.900 camas de hospital, 207 de UCI, etc….). Sabíamos además que esta segunda ola coincidiría con la gripe estacional y se conocen los datos de ésta en otros años, así como lo que ello iba a suponer de presión añadida al COVID-19 para el sistema sanitario. Disponíamos de 8 largos meses para planificarlo y hacerlo mucho mejor y a cualquiera se le ocurriría, en suma, que preparando con calma y sensatez al sistema sanitario para algo como lo que vino en la primera ola del COVID, se podría evitar el colapso y todo lo que ello conlleva. La primera vez nos cogió desprevenidos, pero ésta no podía sorprendernos igual porque ahora lo teníamos todo para prepararnos: los motivos, los datos exactos y tiempo.
¿Y qué se ha hecho?.
Como suele decirse cuando no hay respuesta, es una buena pregunta.
Centrándome en lo que me toca de cerca, en Euskadi el 5 de noviembre se anunciaron medidas drásticas de limitación de derechos para la lucha contra el COVID-19. Quien las anunció ese día debió comenzar dando detalladas explicaciones de lo que se ha hecho en ocho meses para intentar evitar tener que adoptar tan extremas medidas. Debió explicar previamente cómo ha se ha preparado al servicio público de salud, en todo este largo tiempo del que ha dispuesto, para una segunda ola COVID que se sabía con toda seguridad cuándo y con qué virulencia iba a venir. Qué medidas se han adoptado, o intentado siquiera, para facilitar a la ciudadanía y empresas privadas la adquisición de material higiénico y sanitario de primera necesidad en la lucha contra el COVID. Cuánto personal sanitario de más ha contratado (más allá de los contratos adicionales que todos los años se hacen por estas fechas por la gripe). Cuántos rastreadores. Cuánto profesional médico y de enfermería de atención primaria de más. Fundamentalmente, cómo ha reforzado las urgencias y cuántas plazas hospitalarias y UCI adicionales han dotado en Euskadi. O incluso, más directamente porque sabemos lo que ha pasado con el ofrecimiento, en qué papelera de la administración está la lista de médicos jubilados que según publicó en prensa la Organización Médica Colegial se le han ofertado para trabajar y porqué está en la papelera.
Solo tras dar esos datos y, sobre todo, tras acreditar que no había otro remedio habiendo hecho diligentemente los deberes de prevención de la segunda ola, cabría entender y aceptar la toma de medidas tan graves y dramáticas como las adoptadas. Sin embargo, jamás hablan de esa preparación y, por duro e incomprensible que nos resulte, es porque no se ha hecho nada, más allá de echarnos la culpa continuamente a los propios ciudadanos en general, tachando de irresponsables a unos y otros colectivos sucesivamente, primero los jóvenes, luego las propias familias, la hostelería y últimamente incluso los propios sanitarios, que según Simón se contagiaban por imprudentes.
Entrando ya en detalles, los datos oficiales de hospitalizados, fallecidos e incidencia acumulada que ofrecen el propio Gobierno Vasco y el Ministerio de Sanidad[i] no justifican en sí mismos las gravísimas medidas acordadas el día 5 de noviembre, que solo se explican si, en efecto, ha habido total dejación previa a la hora planificar y preparar esta segunda ola. Así por ejemplo:
El 24 de marzo se llegó a 390 hospitalizados en planta y UCI; por el contrario, el mismo día 5 en que se acordaron las medidas, los hospitalizados totales (planta y UCI) fueron 102 en toda Euskadi, la cuarta parte; ojo, ese mismo día 5 las altas hospitalarias fueron 121 (entraron 102, salieron 121);
A 29 de marzo a las 21:00 horas, precisaron hospitalización en los últimos 7 días 1.990 personas en Euskadi; en los 7 día anteriores al 5 de noviembre 678 personas la precisaron; en el mismo periodo salieron del hospital 634 (entraron 678 y salieron 634).
A 29 de marzo la Incidencia Acumulada (número de casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes) era de 245,81% en Euskadi, frente al 0,14 % el 5 de noviembre (por cierto, la más baja de todo el Estado y a años luz de la media estatal).
Sobre todo, en el pico de la primera ola de la pandemia a 29 de marzo, el COVID requería 1903 camas hospitalarias, 207 de ellas en UCI; a 5 de noviembre el COVID ocupaba 709 camas de hospital, de ellas 100 de UCI.
A la hora de escribir estas líneas los últimos datos del Gobierno Vasco son de 17 de noviembre; indican que hay un total de 721 ingresados en planta hospitalaria, con 115 ingresados ese y 118 altas el mismo día; los ingresados en UCI son 123, con 7 ingresos y 6 altas ese día. Por ofrecer datos comparativos, entre el 1 y el 18 de septiembre la media diaria andaba por los 90 ingresos y 60 fallecidos. No eran datos menos malos que los de ahora, no se adoptaron medidas como las que ahora nos afectan y las cosas no fueron a peor a corto plazo.
Qué quiere decir todo esto. Quiere decir, en román paladino, que tenemos la hostelería cerrada, estamos limitados en nuestros derechos fundamentales, amenazados de confinamiento total, con la sanidad casi saturada y con los profesionales sanitarios reventados porque en 8 larguísimos meses nuestros gestores se han dedicado a exigir a los demás. Ni siquiera el drama de esta pandemia les ha hecho plantearse dotar y preparar el sistema sanitario y sociosanitario, no ya para un nivel de ingresos hospitalarios por COVID como los de la primera ola, sino tampoco para algo más de un tercio; ni siquiera 1000 camas en 8 meses cuando en enero de 2017 organizaron más de 400 en días. Quiere decir también que los datos oficiales que ofrecen el propio Gobierno Vasco y el Estado, con ser altos (que lo son), solo justifican estas medidas por su propia dejación previa. Quiere decir, en suma y sobre todo, que había otra alternativa por la que inexplicablemente no se ha optado: aprender y sacar conclusiones de la primera ola, planificar y prepararnos para la segunda, y dotar como se debía a una sanidad que lleva años en precario. No digamos ya si, además e idealmente, hubieran dejado el sistema preparado para futuras pandemias que se nos anuncian como seguras.
Pero, es más. Incluso tras la inasumible imprevisión, había otras alternativas. La jurisprudencia está ronca de decir que la restricción de derechos debe ser excepcional y limitarse al máximo en el tiempo y en la forma, y desde luego no hacerse de forma extensiva e indiscriminada. No se trata de hacer demagogia aprovechando el curioso caso de Madrid que, partiendo de una situación peor, está saliendo de ella sin medidas como estas ni parecidas. Se trata de gestionar la pandemia diferenciando situaciones, de forma precisa, racional y respetuosa con nuestros derechos, y no ir al café para todos que aquí tanto hemos criticado políticamente por otros motivos. A cualquiera que mire el mapa municipal interactivo de Euskadi, que ofrece casi en tiempo real la afectación por municipios, le tiene que parecer profundamente injusto que municipios como Valdegobía/Gaubea, Maeztu o Mendata (por poner solo algunos ejemplos), que carecen de afectados, hayan de soportar limitación de derechos y a su hostelería cerrada. Prohíbe quien no sabe gestionar, salvo que la idea haya sido perjudicar a todos por igual, aunque paguen justos por pecadores.
Más allá de los datos, la improvisación vuelve a ser la tónica general de gestión en esta segunda ola, con planes de contingencia de puro parcheo en cada centro sanitario u hospital y a veces incluso en cada servicio, y no pocos de ellos a golpe de látigo del capataz de turno, al que solo se le ocurre imponer más y más trabajo, cualitativa y cuantitativamente, a los reventados profesionales. La verdadera planificación a medio y largo plazo, ni está ni se le espera. Y los deberes de seguridad para con el personal sanitario siguen sin cumplirse 8 meses después, según informe de Inspección de Trabajo y OSALAN hecho público en algún medio el 12 de Noviembre.
¿Y ahora qué?.
Ahora ya andamos tarde porque, como el mal estudiante que vaguea todo el curso, al final toca hacer las cosas de prisa y corriendo, eligiendo entre soluciones que ya no pueden ser buenas sino solo malas o muy malas.
Quienes no han dado las debidas explicaciones antes, buscarán excusas después, pero no debemos aceptarlas sin más. Tiene que acabarse el tragar continuas limitaciones de derechos fundamentales paridas por quienes no hacen su trabajo, ni dan cuenta de su dejadez, ni se imaginan siquiera lo que es pasar penuria y, menos aún, se les pasa por la cabeza dar ejemplo y solidarizarse con aquellos a los que su incuria más empobrece, verbi gracia bajándose un 20% sus seguros sueldos, como alguna dirigente de las antípodas ha hecho ya. No se puede aceptar con mansedumbre que la segunda ola nos haya cogido igual de desprevenidos que la primera. Han pasado ya demasiados días, meses y padecimientos como para que cuando menos merezcamos explicaciones de lo hecho y de lo no hecho y, en adelante, cumplidas razones de lo que se vaya a hacer, sustentadas en datos e información objetiva y contrastadas con alternativas no menos motivadas. Por último, incluso hay que pedir responsabilidades siempre que de todo lo anterior se evidencien negligencias. Y en medio, por supuesto, el inalienable derecho de todos a la crítica razonada y respetuosa, como pretende ser esta.
Empezando por esas razones que merecemos, es difícil adivinar las de esta imprevisión de los gestores. El motivo no puede ser económico, porque solo en infraestructuras se están acometiendo ahora mismo gastos infinitamente mayores que sin problema se pueden/SE DEBEN relegar en favor de la lucha contra en COVID-19 para, y porque con no demasiada inversión (que no gasto) en sanidad, es muy probable que se hubiera evitado esta catástrofe para la sociedad, al tiempo que se hubiera mejorado la dotación de una sanidad estructuralmente necesitada de ello e incluso la habríamos preparado definitivamente para las pandemias futuras anunciadas. Otra posibilidad sería la total ineptitud para prever lo que venía, pero con los datos de la primera ola y los de la gripe estacional anual, a la vista estaba para el menos capaz lo que había que hacer e incluso, en última instancia, el número de hospitalizados máximos para los que había que prepararse, número al que ni nos hemos acercado esta vez (pasamos escasamente el tercio de entonces). Me resisto a pensar mal y suponer en nuestros gestores la perfidia que implicaría haber previsto lo que venía, saber lo que había que hacer y no haber querido hacerlo con la certeza del gravísimo perjuicio que ello acarrearía a todos. Parafraseando a Clint Eastwood en “El principiante”, debe de haber más de 100 razones para tanta imprevisión, pero ahora mismo no se nos ocurre ninguna.
Lo único objetivo y seguro es que quien gobierna ha decidido que la ronda de su dejación la paguen los ciudadanos con sus derechos y, quizá más especialmente por ahora, la hostelería y sus familias con su dinero, su trabajo y hasta su vida. Creo que estos no debieran estar hoy mendigando las migajas de unas ayudas a las que puede que no hubiera que haber llegado. Hoy la hostelería debería de estar abierta y ganándose el pan con su trabajo. Aunque haya de ser deprisa y corriendo, los responsables del desaguisado deben arreglarlo de inmediato, comenzando por levantar ya los cierres en los municipios sin afectación COVID o con escasísima incidencia actual, ellos verán si manteniendo el toque de queda y el cierre perimetral. Pero, sobre todo, deben hacer con la mayor de las urgencias lo que no planificaron en los 8 largos meses que llevan de siesta para, cuanto antes, acometer la urgente e inaplazable mejora estructural de la maltrecha sanidad pública a todos los niveles, prepararla para que nunca más nos pille algo así desprevenidos y dotarla para catástrofes y pandemias mucho más de lo que hoy tenemos en la planta 9 del hospital de Galdakao, que se ha evidenciado radicalmente escaso. Si lo que estamos pasando no es razón suficiente para esto, me temo que nada ya lo será. Mientras esa inversión se acomete (o mientras se lo siguen pensando los responsables), que cada cual sopese responsabilidades políticas y patrimoniales por lo hecho y, sobre todo, por lo que debió de hacerse y no se hizo.
Quizá el final más adecuado del artículo sea la misma pregunta que lo titula, pero reformulada para que cada cual la complete a su gusto: ¿Qué………..…..tiene que ocurrir para que de una…..………vez se dote suficientemente el sistema sanitario y sociosanitario público?
Artículo de Alfonso Atela, abogado del Colegio de Médicos de Vizcaya (España).
